
MonográficosEspaña contrató 165.000 funcionarios desde la crisis económica
La lista de empleados públicos crece un 5,3% desde el 2007, lo que contrasta con la pérdida de un 12,7% del empleo en el sector privado (más de 1,7 millones de personas)
ha aumentado el número de funcionarios públicos desde el inicio de la crisis, en el tercer trimestre del 2007. Según un estudio de la patronal de empresas de trabajo temporal, Agett, el conjunto de España incrementó el número de personas en nómina de las diferentes administraciones públicas en un 5,3%, lo que significa 156.500 trabajadores más. La cifra contrasta con la pérdida de un 12,7% del empleo en el sector privado, es decir, más de 1,7 millones de personas.
Los datos se extraen de la encuesta de población activa (EPA) y hacen referencia a todas las administraciones y las entidades públicas y privadas. El presidente de Agett, Francisco Aranda, explicó ayer que "debido al incremento de los asalariados públicos, en la actualidad contamos con un sector sobredimensionado".
Los datos sobre el incremento de los funcionarios son en conjunto y no se puede saber a qué sectores pertenecen: no es lo mismo que se aumente en sanidad, educación o seguridad ciudadana que en otras partidas. Aranda estima que en cualquier caso es negativo que cada año se aumente el número.
Por comunidades, Andalucía fue donde más aumentó el número de asalariados públicos: 63.300. La cifra contrasta con los 338.700 empleos que se perdieron en el sector privado. No obstante, en términos porcentuales donde se dio un incremento más acusado fue en Catalunya. La nómina de asalariados creció en un 16,8% en el periodo, lo que significa 60.000 funcionarios más. Por el contrario, en el sector privado el número de asalariados se redujo porcentualmente en menor proporción (un 16,0%) si bien al ser la base mayor el número de empleos perdidos es muy superior: 413.500 en el periodo. En el caso de Catalunya, una posible explicación a este fenómeno sería el despliegue de los Mossos d'Esquadra.
En cambio, hay algunas comunidades como Aragón o Extremadura que sí han reducido el número de funcionarios.
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