¿Quién asume la mayor parte de la contratación pública?
En el ámbito del empleo público, las comunidades autónomas han sido las principales impulsoras del crecimiento en España durante los últimos cinco años, representando aproximadamente el 60% del total de este incremento. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de finales de 2018 a finales de 2023, el número de trabajadores en las comunidades autónomas creció un 16,7%, alcanzando los 2,13 millones. A pesar de su destacado papel, las comunidades autónomas no son las únicas con aumentos notables. La Seguridad Social experimentó el mayor crecimiento proporcional de su plantilla, con un salto del 60,2%, desde 21.600 a 34.600 funcionarios en el mismo periodo.
El ámbito de la administración local también ha experimentado crecimiento, aumentando su número de funcionarios en un 6,8% hasta superar los 700.000, aunque este número se ha mantenido constante desde finales de 2022. Por otro lado, el empleo en empresas e instituciones públicas ha visto un incremento del 27,6%, llegando a aproximadamente 180.000 trabajadores. Contrariamente, la Administración central ha reducido su número de empleados públicos en un 3,1%, situándose en 527.000 al cierre del último trimestre de 2023.
De manera global, el empleo público ha visto un aumento del 11,9% entre finales de 2018 y finales de 2023, sumando un total de 3,6 millones de trabajadores. Este crecimiento se ve aún más destacado con un incremento interanual del 2%, posiblemente influenciado por eventos electorales. De todo el personal público en España, las comunidades autónomas constituyen ahora el 60% del total.
¿Cómo son las cifras por comunidades autónomas?
En las distintas comunidades autónomas de España, el incremento de personal en la función pública ha sido significativo, no solo dentro de la administración regional, sino en general. Según lo revelado por el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2023, con datos hasta el cierre de 2021, Islas Baleares, Canarias y Navarra destacan por haber aumentado su número de empleados públicos en cerca de un 30% desde 2018.
Analizando por comunidades, Islas Baleares muestra un crecimiento impresionante, pasando de 56.008 a 71.049 funcionarios, lo que representa un aumento del 27%, una cifra comparable con el crecimiento en Canarias, que cuenta con 151.520 empleados públicos. Navarra también muestra un notable aumento del 22,5%, alcanzando los 45.804 puestos de trabajo en el sector público. Estas comunidades, que experimentaron los mayores aumentos y estaban bajo la administración del PSOE, vieron cambios políticos en Canarias y Baleares, donde el control pasó a Coalición Canaria y al Partido Popular, respectivamente, después de las elecciones de mayo de 2023.
Cuando se mira el conjunto de España por regiones, Andalucía lidera con una diferencia significativa, teniendo 526.445 empleados públicos según los datos más recientes. Le sigue la Comunidad de Madrid con 439.985 funcionarios, destacando que la mayoría trabaja en la capital. Cataluña se sitúa en tercer lugar con 361.452 trabajadores. Tras ellas, la Comunidad Valenciana cuenta con 282.630 empleados públicos, Castilla y León con 176.374, y Galicia con 173.573.
Aumento en los salarios
En medio de un intenso proceso de contratación de personal en el sector público, el PSOE y Sumar han garantizado un aumento salarial del 2% para los empleados públicos en 2024, asegurando este incremento mediante una enmienda al decreto anticrisis en lugar de vincularlo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta medida, que será validada por la Comisión de Hacienda en aproximadamente un mes, permite que el aumento salarial se implemente independientemente de la aprobación de los presupuestos por el parlamento. Además, se contempla un incremento adicional de hasta el 0,5%, sujeto a la evolución inflacionaria, que podría hacerse efectivo antes de lo previsto sin estar condicionado a las cuentas nacionales. Así, los funcionarios están asegurados de recibir este aumento aun si los presupuestos no superan el proceso parlamentario y se mantienen prorrogados.
La expectativa del Gobierno es que la ley resultante de este decreto sea ratificada en abril y se aplique en el mismo mes, lo que significaría que los empleados públicos verían reflejado el aumento salarial de manera retroactiva desde el 1 de enero. Este procedimiento adelanta la aplicación del incremento salarial en comparación con los tiempos habituales de aprobación de los presupuestos, que todavía no han sido ratificados y cuyo proceso en el parlamento se prevé que dure dos meses. El posible incremento adicional del 0,5% se determinará en 2025, tras evaluar si la inflación excede el aumento salarial de este año, y de ser así, se aplicará de manera retroactiva desde el inicio de 2024.
